p2p descargas pirateria
Las operadoras han remitido las cartas a internautas sospechosos
La ley Hadopi, que quiere combatir las descargas de archivos protegidos en Francia, ha empezado a aplicarse. Varios medios han anunciado esta tarde que algunas de las principales operadoras han remitido las cartas con el primer aviso a los internautas sospechosos. En el caso de que no modifiquen su conducta, tras recibir el tercer aviso, pueden ser condenados a multa y cierre de la conexión a Internet.
Las agencias que gestionan los derechos remiten a la autoridad Hadopi la lista de direcciones de Internet sospechosas de tráfico ilegal, según la ley. La autoridad remite el listado a las operadoras para que identifiquen al titular de la citada dirección y se procede al envío de la primera carta. Aunque este proceso puede realizarse de forma automática por correo electrónico, al menos una operadora, Free -que ha combatido la ley-, se ha negado a emplear este sistema por considerarlo poco garante de la confidencialidad y por dudar del mecanismo de relación entre los proveedores de acceso y las autoridades.
Numericable, Bouygues Telecom, SFR y Orange son las operadoras que ya han enviado los mensajes. Los mismos están encabezados por el nombre de la autoridad remitente, Hadopi. La administración, para combatir el envío de correos falsos, insiste en que los mensajes deben incluir los datos del internauta y no proponer clicar ningún enlace, la compra de ningún programa de seguridad o el abono de una tasa.
Hadopi ha abierto un sitio informativo sobre el proceso. La llegada de estas primeras cartas era esperada desde hace varios días, cuando se supo que las sociedades de gestión habían remitido sus primeros listados de direcciones donde se habían detectado descargas de archivos.
Esta primera remesa contenía una lista con varios centenares de direcciones. Los proveedores de acceso están obligados a suministrar la identidad y dirección postal del titular de la misma. En caso de no hacerlo, pueden ser multados con 1.500 euros por cada dirección no identificada.
Las sociedades de gestión conocerán la identidad del sospechoso si el caso termina en los tribunales para que sea dictada la sanción final. Las sociedades de gestión pueden enviar a la autoridad una llamativa cifra de direcciones de Internet por día: 150.000. La autoridad hace una selección y las remite a los proveedores de acceso.
De momento, las cifras reales se sitúan en listados de 10.000 direcciones diarias en el caso de las descargas musicales. Uno de los problemas que actualmente enfrenta a los proveedores de acceso con las autoridades es el pago por los costes suplementarios que suponen a estas compañías privadas el rastreo e identificación de este voluminoso paquete de direcciones.
La ley francesa tiene previsto sancionar tanto al autor de las descargas como a aquel internauta, titular de una conexión, que no haya tomado las precauciones debidas para impedir que su red sea utilizada por un intruso con este propósito.
ElPais
La ley Hadopi, que quiere combatir las descargas de archivos protegidos en Francia, ha empezado a aplicarse. Varios medios han anunciado esta tarde que algunas de las principales operadoras han remitido las cartas con el primer aviso a los internautas sospechosos. En el caso de que no modifiquen su conducta, tras recibir el tercer aviso, pueden ser condenados a multa y cierre de la conexión a Internet.
Las agencias que gestionan los derechos remiten a la autoridad Hadopi la lista de direcciones de Internet sospechosas de tráfico ilegal, según la ley. La autoridad remite el listado a las operadoras para que identifiquen al titular de la citada dirección y se procede al envío de la primera carta. Aunque este proceso puede realizarse de forma automática por correo electrónico, al menos una operadora, Free -que ha combatido la ley-, se ha negado a emplear este sistema por considerarlo poco garante de la confidencialidad y por dudar del mecanismo de relación entre los proveedores de acceso y las autoridades.
Numericable, Bouygues Telecom, SFR y Orange son las operadoras que ya han enviado los mensajes. Los mismos están encabezados por el nombre de la autoridad remitente, Hadopi. La administración, para combatir el envío de correos falsos, insiste en que los mensajes deben incluir los datos del internauta y no proponer clicar ningún enlace, la compra de ningún programa de seguridad o el abono de una tasa.
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Hadopi ha abierto un sitio informativo sobre el proceso. La llegada de estas primeras cartas era esperada desde hace varios días, cuando se supo que las sociedades de gestión habían remitido sus primeros listados de direcciones donde se habían detectado descargas de archivos.
Esta primera remesa contenía una lista con varios centenares de direcciones. Los proveedores de acceso están obligados a suministrar la identidad y dirección postal del titular de la misma. En caso de no hacerlo, pueden ser multados con 1.500 euros por cada dirección no identificada.
Las sociedades de gestión conocerán la identidad del sospechoso si el caso termina en los tribunales para que sea dictada la sanción final. Las sociedades de gestión pueden enviar a la autoridad una llamativa cifra de direcciones de Internet por día: 150.000. La autoridad hace una selección y las remite a los proveedores de acceso.
De momento, las cifras reales se sitúan en listados de 10.000 direcciones diarias en el caso de las descargas musicales. Uno de los problemas que actualmente enfrenta a los proveedores de acceso con las autoridades es el pago por los costes suplementarios que suponen a estas compañías privadas el rastreo e identificación de este voluminoso paquete de direcciones.
La ley francesa tiene previsto sancionar tanto al autor de las descargas como a aquel internauta, titular de una conexión, que no haya tomado las precauciones debidas para impedir que su red sea utilizada por un intruso con este propósito.
ElPais
