¿A quién le importa wikileaks?

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Más filtraciones. Esta vez, le toca el turno a la diplomacia norteamericana. Cientos de miles de documentos expuestos a los ojos de los ciudadanos del mundo.

Podemos curiosear sobre las interioridades de los encuentros privados entre los diplomáticos norteamericanos y las personalidades de distintos países. Podemos conocer lo que piensan esos diplomáticos sobre lo divino y lo humano de interés para su país. Nada nuevo. Es el papel de la diplomacia desde hace siglos.

En los libros de historia leemos pasajes de la correspondencia de los embajadores. La Historia se ha anticipado. Ya no necesitamos esperar cientos de años. Los archivos de los Estados se han abierto anticipadamente.

Los chismes son lo que más curiosidad han despertado. Ahora bien, ¿qué interés tiene conocer lo que opinan los diplomáticos norteamericanos sobre gobernantes y personalidades? Ninguno. Los chismorreos de diplomáticos no dejan de ser chismorreos.

En cambio, se revelan informes de reuniones sobre distintos temas, algunos, de extraordinaria importancia. Se justifica la difusión de estos informes en aras de la transparencia. Ésta se presenta como un absoluto; el nuevo absoluto de lo políticamente correcto. A mi juicio, esto es falso. El secreto no es necesariamente malo, ni la transparencia necesariamente buena.

El secreto puede ser forzoso para proteger, por ejemplo, a los perseguidos o a los que se encuentran en peligro. Puede ser necesario para llevar a cabo políticas como, por ejemplo, la lucha antiterrorista, la cual requiere del sigilo. El riesgo es que pueda convertirse en cobertura de las más aberrantes de las ilegalidades. En este caso, el secreto no es el problema, sino los excesos que se comenten en nombre del secreto. Debemos encontrar un punto de equilibrio y mecanismos de control tanto políticos como judiciales.

Me ha resultado curioso el informe que envía la embajada desde Honduras que analiza desde el punto de vista jurídico-constitucional el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Se citan libros y autores para concluir que es inconstitucional. No puedo evitar lanzar una propuesta: el embajador de Estados Unidos podría encargar dictámenes, cómo no, a sesudos catedráticos (no necesariamente de Derecho administrativo, no se malinterpreten mis palabras) sobre las cuestiones de interés para la política de su país.

Seguro que tendrían mayor solvencia académica y sería más barato que pagar a un servicio de chismosos. Una especie de outsourcing del espionaje.

No se puede ocultar el riesgo: los catedráticos podrían ser considerados como espías y las Universidades centros de espionaje, lo que terminaría de rematarlas. Ciertamente, no es una buena idea o ¿quizás si?
En fin, entre chismes e informes corremos el riesgo de perder de vista que la transparencia tiene su momento y el secreto, su justificación. Demasiada luz encandila.

Fuente: Expansion